El costo de la soberanía energética

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Foto: Presidencia/Contralínea

Escrito por: Lino González

 Hace más de 80 años que se realizó la nacionalización de la industria petrolera, tiempo durante el cual hemos visto cómo estos recursos han “traído” tiempos de bonanza y de inestabilidad y, desde entonces, el discurso sobre la soberanía de nuestros recursos naturales, en especial cuando hablamos del subsuelo y el petróleo, ha quedado fuertemente arraigado en la población mexicana, partiendo desde la idea de que si privatizáramos este sector nos veríamos fuertemente dañados.

Hoy nos encontramos en una encrucijada: apoyar proyectos gubernamentales para extraer y usar estos recursos en el sector energético o buscar hacerlo pero abriéndonos a la iniciativa privada. Una ventaja monumental de la globalización es que permite reducir el coste de bienes y servicios al permitir la especialización y cooperación lo más competitiva posible a nivel global, permitiendo así que se produzcan más bienes a un menor costo. Al limitar el acceso privado al sector energético, como lo hacemos en el país, es menos probable que generemos esta cooperación mediante un proceso de descubrimiento empresarial, lo que genera que haya un coste de oportunidad, limitando el uso de esos recursos e impidiendo que los ciudadanos puedan adquirir más bienes para satisfacer sus necesidades.

Una respuesta rápida a esto es que se puede subsidiar esta industria, es decir, se puede cubrir parte del coste del consumidor con ganancias de empresas estatales o de otras fuentes de ingreso del Estado. Aunque esto puede sonar razonable, no es una solución completa, ya que sigue sin abaratar los costes y provoca que el ciudadano que usa poca o nula electricidad, subsidie a aquellos que más la usan mediante impuestos directos o indirectos (IVA), esto sin mencionar el descontento social que se genera en el momento que se remueven los subsidios, como vimos hace unos años cuando se retiraron los subsidios a la gasolina.

Una respuesta de carácter más nacionalista puede ser “pagaría el doble de luz si con esto apoyo a mi país”, lo cual no es necesariamente malo. El problema que hay con esta respuesta es que si bien, un individuo o un grupo que da consentimiento a adquirir su electricidad de una empresa nacional y/o estatal, pueden comprar a un coste más alto, esto no implica que el resto de los ciudadanos deban (o puedan) hacerlo, es decir, plantea una preferencia personal y la extrapola una obligación colectiva.

Un segundo problema que se puede observar es la falta de control “democrático” en este tipo de industrias. Una narrativa muy arraigada a la identidad mexicana es la importancia en que estos recursos nos pertenecen a todos, si esta es una manera correcta de manejar una industria o no, es una conversación diferente, pero asumamos que esta es una presunción importante para mantener nacionalizada nuestra industria energética.

En México vivimos en una democracia representativa, es decir, nombramos a personas como representantes de distritos, municipios o estados para representarnos. Aunado a esto, entendamos que Pemex no es manejada por estos representantes, sino que es una empresa pública manejada por una burocracia estatal. Como menciona La Jornada, la burocracia en Pemex ha aumentado, lo que puede dificultar generar cambios en la estructura y comportamiento de la organización. Cuando analizamos esto en el entorno mexicano, donde la corrupción resulta uno de los mayores problemas en nuestro sistema político, podemos entender cómo es que estas empresas estatales suelen ser poco democráticas en un ámbito representativo y de pesos y contrapesos.

Una alternativa que se puede plantear es generar un sistema de democracia directa para manejar los recursos, es decir, usar herramientas como plebiscitos para tomar decisiones importantes. Esto presenta varios problemas, pero uno de los más importantes es que le exige al ciudadano costes demasiado altos; el tener que estudiar sobre conceptos económicos básicos, geopolítica en combustibles fósiles, macrotendencias, estructura democrática mexicana, entre otros muchos temas, implica que el costo de tiempo en el que las personas deben incurrir es exorbitante y desconectado de la realidad de la gran mayoría de la población. Además, esta práctica es probable que genere discursos sencillos, especialmente populistas, los cuáles suelen generar narrativas para sesgar el voto a su favor, generando un proceso de toma de decisiones que es de todo menos democrático.

Este punto tiene especial relevancia en el contexto mexicano actual, pues se trata de la paradoja de la abundancia. En resumen, esta teoría dice que los países que tienen más recursos naturales, especialmente no renovables (ej.: petróleo) suelen tener un menor crecimiento económico. Una de las explicaciones de este fenómeno es que los gobiernos suelen cooptar estas industrias bajo justificaciones de “seguridad nacional” y tienen problemas al administrarlas, ya sea por la volatilidad de estos bienes en mercados internacionales, poco interés político en diversificar su economía o por problemas al adaptarse a mercados emergentes que compiten directamente con este sector (ej.: energías renovables).

Este no es un fenómeno exclusivo de México, sin embargo, podemos observar que un fuerte control estatal no parece ser la solución a este problema. Un ejemplo en Latinoamérica es Venezuela, que pasó de generar 2,4 millones de barriles de crudo diarios en 2015, a únicamente generar 400,000 barriles diarios en febrero de 2021. Si bien la solución a este problema no es clara, en definitiva, el manejar los recursos desde una burocracia estatal y un sistema político basado en cooptar el poder y mantenerlo, no parece ser ni de cerca una solución deseable para el ciudadano promedio.

El sector eléctrico mexicano es una industria clave, ya que en función de la energía que podamos generar, podremos proporcionar mayor bienestar en forma de bienes y servicios a la población y mayor capacidad para desarrollarnos. La solución a este problema del manejo del sector no es sencilla, y se deben generar reformas que permitan a los individuos prosperar en nuestra sociedad. Este discurso de soberanía de nuestros recursos nos puede parecer intuitivo, pero la realidad es más compleja, y por las dudas razonables planteadas en este artículo, parece que este rumbo puede dañar a los ciudadanos, a aquellos que intentamos que prosperen. En definitiva, hay un cambio por hacer, pero para actuar, debemos reconocer que existe un problema y solo cuando podamos verlo, es que podremos alzar la voz y hacer algo al respecto.