Activismo ambiental, el más peligroso de México

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Miles de personas portan flores y fotografías de Samir Flores durante el entierro del activista.

Escrito por: Indra Morales

El pasado 5 de noviembre se reportó oficialmente la muerte del activista ambiental Juan Aquino, quien habría sido asesinado una semana antes, el 29 de octubre, por dos disparos con arma de fuego. Aquino fue defensor nahua de los bosques del estado de Guerrero, siendo fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos y de la Reserva Ecológica de Cazadores.

La muerte de Aquino se suma a una larga lista de defensores del medio ambiente que son asesinados en el país, convirtiendo a México es uno de los lugares más peligrosos para dedicarse al activismo en América Latina. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) del 2019, se identificaron en México 39 ataques a activistas ambientales, de los cuales casi un tercio fueron homicidios, posicionando a México en el sexto puesto de países, no solo de América Latina, sino del mundo, con un alto riesgo en la defensa ambiental. La Revista Buzos menciona que, según la CEMDA, de 2012 a 2019 en nuestro país han habido más de 500 ataques a ambientalistas.

Aunque el homicidio es la agresión más grave a la que estos activistas se ven expuestos, éstas también incluyen amenazas, criminalización, hostigamiento, intimidación, desapariciones forzadas, robos, secuestros, entre otras; estas personas se ven amenazadas constantemente, tanto por el crimen organizado, como por el gobierno federal, como denuncia el defensor ambiental Gustavo Castro en la revista Quercus.

Quercus también menciona que los años más violentos fueron 2015 y 2016. El incremento en las agresiones no fue una coincidencia pues fue en esos años que se llevó a cabo la reforma energética que causó la sobreexplotación de recursos, el despojo de territorios de las comunidades indígenas, entre otras consecuencias porque los megaproyectos que se llevaron a cabo no contaban con las salvaguardas ambientales adecuadas, lo que llevó a una movilización social de oposición a estos proyectos.

En varias ocasiones se ha señalado que los mecanismos que tiene México para proteger a estos activistas son insuficientes e ineficaces. El Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, no ha logrado reducir la cantidad de agresiones. Alejandra Leyva, abogada del CEMDE, adjudica esta ineficiencia a que el mecanismo no opera desde la prevención, sino que parte de un enfoque reactivo. La impunidad dentro de las herramientas normativas y jurídicas del país, también juega un papel importante en la ineficacia en la protección de los activistas.

La tala ilegal de árboles, la extracción delictiva de recursos naturales, el uso de tierras de comunidades indígenas son algunas de las causas por las que luchan y por las que son agredidos. Frente a este tipo de actividades, el Estado se ha visto superado, pero en muchas ocasiones también ha sido señalado como cómplice de los intereses empresariales.

Actualmente, algunos de los hechos que han llevado a una nueva movilización social por el ambiente han sido la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pues se ha señalado que ambos proyectos tendrán un alto costo ambiental, sin embargo, el presidente Obrador ha descartado estas preocupaciones, acusando a aquellos que las han expresado con relación al impacto ambiental de ser “conservadores que se disfrazan de gente de izquierda o ambientalistas”. María Colin, portavoz de Greenpeace, señala que, más allá de el desecho de preocupaciones legítimas, las palabras que ha utilizado el presidente generan una estigmatización de estas personas que deslegitima la lucha.

Constantemente estamos viendo las consecuencias del daño al medio ambiente, este año han habido algunos de los incendios forestales más grandes y largos, el deshielo temprano de ríos Ob y Yenisei en Siberia y muchos otros ejemplos, sin embargo, los intereses del Estado continúan siendo puestos antes que su cuidado, como lo demuestra el caso del estado mexicano, en donde las agresiones contra los activistas son constantes, los mecanismos son deficientes, no se les da difusión a las causas y la impunidad prevalece.

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