Políticamente Incorrecta: Juego de Poderes

Opiniones
Fuente: Infobae/ Moisés Pablo/ Cuartoscuro

Escrito por:  Karla Lucía León Segoviano.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador prometió dejar en manos de una consulta popular el juicio político a expresidentes. Quince días después, en medio de la polémica por la rifa equivalente al avión presidencial, el mandatario entregó un escrito al Senado de la República, en el que planteó la posibilidad de realizar una consulta para enjuiciar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo tengo la responsabilidad de buscar que, en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos. De inmediato, estaría enviando una iniciativa de reforma para que no se cancele esta posibilidad”, expresó refiriéndose al artículo 35 de la Constitución y como previsión ante un posible rechazo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tratarse de una iniciativa en contra de lo establecido por la ley. 

Así, luego de que el ministro Luis María Aguilar considerará inconstitucional la propuesta del Ejecutivo, los once ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia se reunieron durante cuatro horas para revisar y discutir la viabilidad de este mecanismo, con el que se busca “empoderar las voces y la voluntad de la ciudadanía al proteger sus derechos humanos” y conocer su sentir con respecto a si están de acuerdo o no con la investigación y sanción penal de los cinco expresidentes.

Tras un debate caluroso, en el que poco a poco se soltaron argumentos a favor y en contra del proyecto, los ministros votaron para determinar la viabilidad de la consulta. Arturo Zaldívar, Juan Luis Alcántara, Margarita Ríos, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez aprobaron la constitucionalidad de la consulta, mientras que Javier Laynez, Jorge Mario Pardo, Fernando González, Norma Piña y Luis María Aguilar negaron el apego de esta propuesta al marco legislativo.

La consulta va, pero no bajo los términos de López Obrador

Sobre la mesa, se expusieron cinco puntos por los cuales este tipo de iniciativas se consideran inconstitucionales. Los elementos más importantes, de acuerdo con los señalamientos de Aguilar Morales, es que este tipo de consultas condicionan la eficacia y la validez de los derechos humanos y de sus garantías, por tratarse de un grupo decidiendo sobre la vigencia de los derechos de los demás; así mismo, apuntó que dichos señalamientos podrían establecerse en contra del principio de presunta inocencia y de su debido proceso penal.

Entre otras cosas, el ministro señaló que la ciudadanía se encuentra obligada a denunciar cualquier hecho y con ello, a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar el delito, incluidos, presidentes o funcionarios, además, detalló que someter a un proceso de juicio es una función esencial del Estado y que esto no puede someterse a una ninguna decisión popular.

“No está justificado que a unas personas, en este caso expresidentes, se les someta al escrutinio público para determinar si se les debe investigar o no penalmente, mientras que, al resto de las personas en el país, no se les da ese mismo tratamiento. La consulta es innecesaria y desnaturaliza este tipo de ejercicios democráticos”, puntualizó Aguilar Morales.

Los grandes protagonistas de la sesión fueron los ministros Arturo Zaldívar y Javier Laynez, quienes fácilmente abordaron el tema, a favor y en contra, respectivamente. Por su parte, Zaldívar, quien liberó a Florance Cassez en 2013 y más tarde reveló las presiones y amenazas por parte de Felipe Calderón para resolver el caso de la Guardería ABC, destacó que este instrumento democrático permitirá integrar a todos al debate y formar una ciudadanía robusta, plural e igualitaria.

Las palabras clave de Zaldívar enmarcaron que la consulta abre las puertas de la vida institucional a quienes, históricamente, han sido excluidos; permite un avance hacia una democracia participativa y, además, origina una válvula de escape ante el descontento de las personas, por lo que cumple un rol pacificador de la comunidad para la resolución de las diferencias.

“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal, los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión o la participación ciudadana. Los problemas de desinformación y de la llamada pseudo opinión pública se resuelven comprometiéndonos con un proceso serio de debate e intercambio robusto de información y genuina reflexión social. Es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Debemos confiar en la ciudadanía y en nuestras instituciones representativas y de impartición de justicia”, recalcó.

En contra de la constitucionalidad, Javier Laynez aseguró que las consultas populares, a pesar de que significan un enorme valor de participación y representan un derecho humano, no deben funcionar como un mecanismo para monopolizar el poder, adicionalmente, se dijo a favor de conocer el sentir de la población a través de múltiples espacios como los medios de comunicación o particulares, pero no bajo ninguna regulación a nivel de la Carta Magna, lo que supondría consecuencias jurídicas.

“La consulta popular está regulada por la Constitución porque tiene consecuencias jurídicas. La justicia no se consulta. Cuando las fiscalías conocen la posible comisión de un delito, están obligadas sí o sí a investigar e impartir justicia. No deben actuar por la opinión de gobiernos o de los ciudadanos, aún y cuando esto sea expresado por la mayoría. La presunción de inocencia corre el riesgo de afectar el proceso; no se consulta porque afecta los derechos humanos.” aseveró.

Aunado a esta visión, Laynez declaró que este tipo de consultas abren el espacio para otros temas, sin embargo, destacó que también colocan bajo la sombra de la sospecha el ejercicio de las facultades de procuración de justicia. Así mismo, el ministro trajo como argumento los casos de la Guardería ABC o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “¿Por qué se consulta en unos casos y en otros no? Los miembros de la Suprema Corte no somos nombrados para ganar popularidad, sino para salvaguardar la supremacía de la Constitución, aún y en contra del deseo de las mayorías”, indicó.

Entre el sí y el no

Con tan solo dos años en el poder, AMLO ha utilizado este mecanismo – no vinculante – para brindar legitimidad a varias propuestas, entre ellas, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, así como el inicio de la construcción del Tren Maya. En esta ocasión, y como parte de su defensa, el presidente – quien se ha postulado en contra de todo aquel que no responde a favor de su transformación – exigió, en las horas previas a la sesión de la Corte, el no negarle al pueblo su derecho a la participación.

Entre los acuerdos de los once ministros, se desplegó una rápida adaptación de la pregunta diseñada por el Ejecutivo, de esta forma, se determinó que fueran eliminados los nombres de los cinco exmandatarios, con el objetivo de no afectar el debido proceso. Con 8 votos a favor de la reformulación y 3 en contra, estos fueron los cambios sobre el enunciado que ha sido objeto de controversias y señalamientos:

                Nueva

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

                Original

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Rumbo a 2021

“Esto no significa impunidad. La justicia no solo es castigar, también es prevenir. Yo estoy pensando en el futuro del país y en sacar adelante a México, que se pueda revertir la decadencia”, dijo López Obrador en la mañanera del 6 de febrero de 2020, con respecto a la consulta popular para enjuiciar a los presidentes que antecedieron su mandato.

Algo es cierto, ya se perfilan numerosas acciones ante las elecciones intermedias del 2021. Algunos líderes de opinión apuntalan que la intención de López Obrador para generar este tipo de iniciativas va más allá de un mero acto de justicia social, en su lugar, impera una urgente necesidad electoral ante los videoescándalos, la enorme ola de violencia que continúa creciendo a lo largo del país, las manifestaciones y, peor aún, las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 – al cierre de esta nota, se contabilizan 748 mil casos y 78 mil muertos – que, sin duda, superan el escenario “catastrófico” que el mismo gobierno calculó.

Aún falta la aprobación de la consulta por el Congreso, no obstante, este primer escenario puede ser un vistazo certero de lo que ocurrirá en los siguientes días. Ante una propuesta entre el sí y no, se espera que este mecanismo, más allá de la imposición de un punto de vista, nos guíe hacia el reconocimiento de los resultados de cada una de las alternativas y no a un eterno juego de poderes que polarice, como hasta ahora, el sentir de los mexicanos.

“El que no está conmigo, está contra mí” ¿Seguirá siendo esta la visión de López Obrador?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *