Parte del salario de maestros se destinó a fundaciones fantasma

Nacional

Durante el mes de agosto miles de pesos fueron extraídos de las nóminas de maestros y terminaron en empresas “fantasma”.

Fuente: El Heraldo de México/Cuartoscuro

Escrito por: Daniela Jocelyn Tovar Hernández.

El pasado 3 de agosto se aplicó un descuento de entre 320 y 720 pesos a los salarios de miles de docentes de seis estados de la República Mexicana a causa de supuestos donativos para fundaciones “fantasma”. Esta deducción se efectuó directamente en las cuentas bancarias mediante las cuales reciben el pago de nómina que le proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Según las denuncias de los maestros y sectores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el descuento se llevó a cabo en los estados de Puebla, Jalisco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango en cuentas provenientes de los bancos Banorte, BBVA, Santander, Banamex y HSBC. Los comprobantes de descuento indicaban que el dinero se dirigía a la Fundación Humanitaria México Incluyente y a la Fundación Humanitaria México Leyenda, las cuales afirmaban apoyar a niños con escasos recursos y a niños con cáncer. Además, se denotó que la vigencia de la deducción era “indefinida”, lo que significa que se aplicaría de manera recurrente, en cada pago de nómina.

En México, los donatarios deben estar registrados ante el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, de manera que estos puedan ser aspirantes a la deducción de impuestos, sin embargo, de acuerdo a la lista de donatarios autorizados por dicho órgano, las dos “fundaciones” a las cuales se destinó el dinero de los docentes no están autenticadas y tampoco se encuentran patentadas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que implica que no son reconocidas en materia legal. No obstante, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de la Fundación Humanitaria Incluyente sí se muestra como válido, es decir, sí se registró ante el SAT.

Por otro lado, según la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, LFFAROSC, las organizaciones están obligadas a cumplir con ciertos requisitos. Deben obtener la Clave Única de Inscripción, o CLUNI y publicar sus informes financieros y datos de contacto, sin embargo, las fundaciones que recibieron el dinero de los descuentos no cumplen con estas estipulaciones.

El sitio web de la Fundación Humanitaria México Incluyente se inscribió en la empresa registradora de dominios GoDaddy en el mes de junio del presente año en Sonora. La página cuenta con la inscripción de “copyright” o “derecho de autor”, sin embargo, tampoco existe registro alguno de las organizaciones en el IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El pasado 5 de agosto, después de los reclamos emitidos, el monto correspondiente al descuento les fue reembolsado a los docentes afectados. La sección 23 del SNTE anunció que su secretario general, Alejandro Ariza, se reunió con directivos del Grupo Santander para comentar las inconsistencias y acordar un reembolso. Igualmente, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el descuento tampoco fue autorizado por la SEP.

Por otro lado, el Secretario General de la Sección 54 de la SNTE, Raymundo Lagarda, exhortó a las autoridades que se llevara a cabo una investigación firme, ya que los cargos fueron a través de más de un establecimiento bancario. La Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa aseguró que se presentaría una denuncia formal ante los hechos.

El pasado 10 de agosto se informó que fue el banco HSBC quien ordenó los descuentos, sin embargo, este aún no ha concluido el proceso de investigación para encontrar la culpabilidad de los titulares que aprobaron los cargos. De acuerdo al director de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa, Víctor Pérez Castro, estos cargos corresponden a un fraude millonario. Hasta el momento, la SEP no ha iniciado un proceso de investigación porque su base de datos aún no recibe denuncias.

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