El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” o cuando el Estado invade tu privacidad

Nacional

La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pero, ¿en qué consiste este proyecto? ¿por qué lo tachan de autoritario?

Escrito por: Paulina Castelán

El pasado 14 de abril, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se establece la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), con el cual todos los usuarios de telefonía móvil están obligados a proporcionar sus datos personales y biométricos, como son nombre completo, domicilio, nacionalidad, identificación oficial o CURP, así como reconocimiento facial y del iris, huellas dactilares y tono de voz. Adicional a estos datos, también se deben proporcionar el número de la línea, la fecha en la que se dio de alta y el esquema de contratación. Estos datos serán administrados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).

La creación del Padrón tiene como objetivo “frenar delitos como extorsión y secuestro que, en muchos casos, se cometen con la utilización de celulares y desde centros penitenciarios”, según lo expresa el comunicado publicado por la página oficial del Senado.

Como ya se mencionó, proporcionar estos datos será de carácter obligatorio para todo aquel que posea un teléfono celular o quiera hacerlo. El dictamen aprobado establece que si un/a usuario/a se niega a proporcionar estos datos será sancionado/a:

  • Se le negará la activación de la línea si es teléfono nuevo: en dado caso de ya estar activada será dada de baja
  • Cuando un usuario con línea activa se niegue a entregar sus datos, también será acreedor a una multa de 89 mil 692 pesos

Se estableció que habrá un plazo de hasta dos años para el registro de las líneas ya existentes.

Una medida autoritaria

Diversos políticos han calificado esta reforma como “inconstitucional y autoritaria”.

Para tener un panorama más amplio, existen otros 17 países que también hacen uso de los datos biométricos de su población con fines telefónicos: Afganistán, Arabia Saudita, Baréin, Bangladesh, Benín, China, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Un factor común entre estos países es que la mayoría están bajo un régimen autoritario. A pesar de la existencia de estas medidas en los países ya mencionados, no existen pruebas sólidas de que la implementación de estas medidas haya ayudado a combatir el crimen.

Sin embargo, el presidente López Obrador se pronunció a favor de esta Reforma y dijo en la mañanera del 14 de abril que la implementación de esta “es un asunto de seguridad”.

“Uno es que no quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie”, apuntó.

Pero razones para desconfiar sobran

Durante el gobierno de Felipe Calderón se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que también recopilaba algunos datos personales (pero no biomédicos) de los usuarios de telefonía móvil, mismos datos que terminaron vendiéndose en mercados de fácil acceso. Cabe señalar que, durante su vigencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron 40% y 8% respectivamente

Por otro lado, una investigación de El País acaba de revelar que en el 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia  Organizada (SEIDO) contrató por un monto de 2.4 millones de dólares un “Servicio de Localización Geográfica” a Geomatrix, un sistema de geolocalización. También se descubrió que en 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolink, una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje.

Más potenciales riesgos

  • Si por algún motivo estos datos llegan a filtrarse o a venderse, los delitos de suplantación y robo de identidad podrán ser cometidos con mayor facilidad.
  • El uso de aplicaciones bancarias se vuelve riesgoso puesto que, con el acceso a estos datos, se puede usar la cuenta de quien sea.
  • Si se registra un celular con los datos robados de alguna persona, y se comete un delito desde ese celular, la persona cuyos datos fueron robados, será quien irá a la cárcel.
  • Existe la posibilidad de un impacto negativo en la democracia puesto que la divulgación de estos datos facilita el proceso de un fraude electoral.

Los riesgos para la protección de datos personales que representa el manejo del Panaut no han pasado desapercibidos por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), quien el pasado 27 de abril, aprobó la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, pues se señala que la medida de entregar datos personales y biométricos no es idónea ya que la vulneración o afectación de estos

¿Qué se puede hacer al respecto?

El conferencista y creador de contenido, Arturo Aramburu, planteó mediante una publicación audiovisual en su cuenta de Instagram que existen dos posibilidades, la primera siendo que las empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil se amparen para que no se vean legalmente obligadas a recabar la información personal y biomédica de sus usuarios. La otra opción consiste en un amparo individual, argumentando que viola la Constitución Mexicana, puesto que el artículo 6 constitucional protege el derecho a la conectividad digital, la manifestación de ideas y el libre acceso a la información. El miércoles 28 de abril, se concedió la primera suspensión definitiva contra el Panaut a Óscar Gónzalez Abundis, para que no entregue sus datos personales ni biométricos y tampoco se le suspenda su registro telefónico y, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que impugnaría el mismo.