Ni política, ni venganza, solo justicia

Nacional Opiniones

El pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó -con 6 votos a favor y 5 en contra- la constitucionalidad de la petición de Consulta Popular propuesta por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa la aprobación de la consulta?

Ministro Luis María Aguilar Morales, por Benjamín Flores/Proceso

Escrito por: Xchel Yair Melo Huitrón

Mientras avanza la Cuarta Transformación encabezada por el presidente, han existido una gran cantidad de propuestas polémicas y esta no es la excepción. En agosto, se presentó la iniciativa en la que se pretende enjuiciar a expresidentes por actos cometidos durante y después de sus mandatos, específicamente a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta propuesta era de esperarse, puesto que López Obrador ha reiterado, en varias ocasiones, una “cacería de brujas” en contra de aquellos que supuestamente hayan realizado actos de corrupción durante su gestión.

¿Cuál es la importancia de este ejercicio? La Consulta Popular consiste en un instrumento constitucional mediante el cual los ciudadanos pueden reafirmar su soberanía al participar en la toma de decisiones trascendentales en el país. La soberanía se limitaba en un sistema de representación indirecto, es decir, en México votamos por nuestros representantes, quienes deciden sobre las cuestiones relevantes en el país, sin embargo, la democracia, al igual que la sociedad, evolucionan y, por esto, desde 2014 tenemos otras opciones para ejercer nuestro poder soberano, como la Consulta Popular.

Existen alternativas para promover una consulta. A pesar de que el presidente mencionó que él no impulsaría esta propuesta por cuenta propia, sino a través de la recolección de firmas del 2% del padrón electoral; el 15 de septiembre de 2020, el ejecutivo terminó presentando la consulta ante la Corte, quien resolvió a favor de su constitucionalidad.

6 ministros declararon la materia como constitucional, al inferir que pretende que el pueblo ejerza su derecho humano a participar en las Consultas Populares para que, a través de este ejercicio democrático, se ejerza efectiva y directamente la soberanía en la toma de decisiones trascendentales en el país. Es decir, la mayoría de los ministros cambiaron el fondo del asunto y discutieron sobre el derecho de consulta -de gran importancia y que nadie cuestiona- dejando a un lado si deben o no perseguirse los delitos.

Por otra parte, 5 ministros votaron a favor del Proyecto de Resolución presentado por el ministro Aguilar, es decir, a favor de la inconstitucionalidad de la Consulta. Esto, fundamentándose en que era violatoria de pies a cabeza de derechos humanos y garantías procesales en materia penal, mismos que la propia Constitución reconoce expresamente que no pueden ser sometidos a Consulta.  Además, consideraron que la pregunta estaba estrechamente relacionada con la materia de la Consulta, por lo que no era procedente que se consultara si las autoridades deben o no -es su deber constitucional- proteger los derechos humanos al iniciar o no un proceso basado en las decisiones del pueblo. Además, uno de los fines del Estado consiste en perseguir los delitos a través de sus autoridades e instituciones, si no se persiguen a mano de estos, el Estado Mexicano negaría su propia razón de ser.

Después de la resolución, el propio ministro Laynez dijo “[…] los jueces constitucionales no somos nombrados para ganar popularidad, los poderes Ejecutivo y Legislativo, sí”. Una popularidad, más bien relacionada con el Ejecutivo que con los ciudadanos, puesto que con el pueblo se ha demostrado que no importa la popularidad, sino los intereses del presidente, como la extinción de los fideicomisos, por mencionar un ejemplo; se ha observado como el Poder Legislativo -evidentemente por mayoría partidaria- ha cedido a las peticiones y pretensiones políticas del presidente, no obstante, esto no había pasado con la Corte como garantes y jueces constitucionales.

Finalmente, la Corte se reunió para modificar la pregunta, lo que sí se puede hacer, a diferencia de modificar su objeto. A continuación, se citan ambas, la original presentada por el mandatario y la modificada por los ministros:

Pregunta original: “¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones?” (López Obrador. 2020)

Modificada: “¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” (SCJN. 2020).

La pregunta se puede modificar en razón del objeto, acción que no hizo la Corte. Como se puede observar, al reformular la pregunta se modificó totalmente el fondo, antes era sobre proceder o no penalmente, ahora se trata de una investigación política. Las resoluciones tomadas el pasado 1 de octubre atienden más a política que a un juzgamiento constitucional.

Tomando en cuenta el hartazgo social y la necesidad de justicia, la misión principal de la Corte continúa siendo resguardar y hacer valer la Constitución, a pesar del descontento social. Como se mencionó, los mecanismos para salvaguardar la justicia existen, solo es necesario accionarlos con el debido proceso y que además la acción se encuentre debidamente fundada y motivada, no hay nada en la ley que lo impida. Solo queda esperar el sentido de las siguientes decisiones de la Corte y analizar si continúan con una tendencia política o retoman su camino como protectores constitucionales. Al reinterpretar no sólo el objeto materia de la consulta -al verlo como un asunto político y social- sino la propia pregunta, la Corte dejó atrás la verdadera esencia de la petición del Ejecutivo: enjuiciar a los expresidentes. La Corte se atribuyó una facultad que no tiene, que es crear una nueva consulta, distinta a la originalmente presentada.


Referencias

Aguilar, L. a través de la SCJN. (2020). Proyecto de Resolución REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020. 30 de septiembre de 2020, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2020-09/Rev%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf

Escobar, Luis. (2020). La Consulta Popular en México. 30 de septiembre de 2020, de UNAM Sitio web: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60351

H. Congreso de la Unión. (2020). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México.

H. Congreso de la Unión. (2020).Ley Federal de Consulta Popular. México.

SCJN. (2020). Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultado el 1 de octubre de 2020 a través de: https://www.scjn.gob.mx/transmision-en-vivo

Sistema de Información Legislativa. (S/D). Consulta Popular. 30/03/2018, de Sistema de Información Legislativa Sitio web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=252

UDLAP. (S/D). Capítulo II: Soberanía. 10/04/2018, de N/A Sitio web: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/arroniz_m_h/capitulo2 .pdf

UNAM. (2017). La soberanía. 29/03/2018, de UNAM Sitio web: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/345/26.pdf

2 comentarios sobre "Ni política, ni venganza, solo justicia"

  1. No es caceria de brujas, tenemos ahora un presidente capaz e inteligente, por lo tanto, por civilidad y congruencia debemos apoyar la iniciativa por la realidad que se está ventilando en la actualudad, que es la corrupción e impunidad que ha prevalecido desde hace 30 años.

  2. De acuerdo con “ Las resoluciones tomadas el pasado 1 de octubre atienden más a política que a un juzgamiento constitucional.” Esperamos no sigan así pero qué podemos esperar de ministros designados a modo.

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