Narcotráfico, huachicoleo, lavado de dinero y una masacre: lo que pesa sobre Cabeza de Vaca

Nacional
El gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero en su contra.
Fuente: Alejandro Saldívar/Proceso

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enfrenta un proceso de desafuero en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Diversas investigaciones lo señalan en varios delitos más.

Escrito por: Brandon Julien Celaya Torres

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras, que dejaron al panista ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Aparte de las acusaciones hechas por la FGR, periodistas como Guadalupe Correa Cabrera han documentado los vínculos del gobernador Cabeza de Vaca con el narcotráfico y el huachicoleo en la región.

Cabeza de Vaca no solo es investigado en México, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos mantiene un expediente abierto en su contra. En un memorándum  escrito por el diplomático estadounidense Tobin Bradley, se hace referencia a un posible “encuentro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el señor Guzmán Loera” que se llevaría a cabo en 2012, cuando Cabeza de Vaca era senador. De acuerdo con este memorándum, en la reunión también habría participado Genaro García Luna.  Este documento es tan solo una de 38 pruebas que, hasta ahora, se han entregado a las autoridades mexicanas contra Cabeza de Vaca.

El FinCen – la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero – documentó diversos retiros y depósitos millonarios por parte del actual gobernador de Tamaulipas. La investigación estadounidense también arrojó datos sobre cobros de intereses de origen desconocido, facturas irregulares y hasta la triangulación de dinero a empresas fantasma, según informa el semanario Proceso en su edición 2301, publicada el 6 de diciembre de 2020.

El 22 de enero de 2021, en el poblado de Santa Anita, Camargo, fue perpetrada una masacre en la que 19 personas fueron asesinadas y sus restos fueron posteriormente calcinados para borrar evidencias. En esta masacre estuvieron involucrados 45 agentes estatales, de los cuales la Fiscalía General de Justicia del Estado solo ha detenido a 12. En la masacre también participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una fracción de élite de la Policía Estatal que fue desplegada en agosto de 2020 por el gobernador Cabeza de Vaca. Dicho grupo tan solo rinde cuentas ante el gobernador.

A pesar de toda la evidencia acumulada en contra de Francisco Cabeza de Vaca, su partido insiste en que todo es falso. Marko Cortés, dirigente del PAN, declaró que todas las acusaciones contra el gobernador son falsas y tienen un tinte electoral. El expresidente mexicano, Felipe Calderón, cuya mano derecha está enfrentando juicio en Nueva York por narcotráfico,  también mostró su apoyo a Cabeza de Vaca y tachó de “burda persecución política” las acusaciones en contra del tamaulipeco.

El apoyo del PAN hacia el gobernador de Tamaulipas es tal que en el congreso local de Tamaulipas los legisladores del estado, de mayoría panista, establecieron que los desafueros de los funcionarios estatales deberán ser aprobados por mayoría absoluta del congreso local. El abogado penalista Gabriel Regino comentó, en entrevista para Pie de Página, que la decisión tomada por el congreso de Tamaulipas viola el artículo 133 de la Constitución federal. Debido a esto, la acción tomada por los legisladores panistas podría ser calificada como delito de coalición de servidores públicos.