Saltar al contenido principal
Secciones
Nacional

Masacre de Camargo: la complicidad del Estado

Investigaciones recientes señalan la participación de la policía estatal en la masacre de Camargo, Tamaulipas, en la cual 19 personas fueron calcinadas.

Camioneta en la que se encontraron los restos de 19 cuerpos calcinados.
Fuente: UnoTV/Cuartoscuro

Escrito por: Paulina Castelán González

El pasado 22 de enero fueron encontrados 19 cuerpos calcinados y con heridas de bala en una camioneta cerca del límite entre Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades de este último estado, los cuerpos pertenecían a un grupo de migrantes viajando en dos camionetas, compuesto por 30 personas de origen guatemalteco, salvadoreño y mexicano, que partió de Guatemala el 12 de enero con destino a Estados Unidos, siendo que uno de los vehículos se retrasó por fallas técnicas mientras quienes viajaban en el otro sí arribaron a tierras estadounidenses.

El caso dio un giro cuando, el 2 de febrero, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció la detención de 12 policías estatales por su participación en esta masacre. Se les acusa de “homicidio, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad”, sin embargo, no se han dado más detalles sobre la participación que tuvieron los oficiales, por lo que no se sabe si colaboraron en la planeación de los asesinatos o si fueron ellos quienes los llevaron a cabo.

La escena del crimen resultó extraña para los investigadores, puesto que los cuerpos encontrados presentaban 113 heridas de bala en total pero se encontraron escasos casquillos en el lugar de los hechos. El fiscal general se pronunció al respecto y declaró que “cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen, debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la pick up y a la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos que tuvieron conocimiento de los mismo”, sin embargo, aún no se sabe quién o quiénes la alteraron.

El calvario de las personas en condición de movilidad

De acuerdo con datos de El PAÍS, uno de cada tres migrantes sufre alguna clase de violencia durante su paso por México. La violencia física —golpizas, secuestros, robos y extorsiones— es la más frecuente y representa casi uno de cada cuatro casos, seguida por la psicológica —insultos, amenazas y humillaciones—, en uno de cada cinco casos, mientras que las violaciones, el acoso sexual y la exigencia de favores sexuales son hasta catorce veces más comunes contra hombres homosexuales y transexuales, y nueve veces más frecuentes contra mujeres, que contra hombres heterosexuales.

El despliegue de militares de la frontera entre México y Guatemala (como consecuencia del endurecimiento de la política migratoria de México tras las presiones de Estados Unidos desde 2018) solo ayuda a pintar un panorama más violento y desalentador para los migrantes, ya que terminan por buscar rutas alternas con menos controles que, a su vez, los deja más expuestos al crimen organizado. La directora del albergue de migrantes Casa Tochán, Gabriela Hernández, asegura que cada vez se enfrentan a mayor violencia y xenofobia por parte de los agresores, “no es real que el Gobierno de México esté defendiendo a los migrantes, lo están haciendo mal”, concluye Hernández.

¿Qué pasa entonces? Desafortunadamente, los casos de abuso de autoridad y violencia en el contexto del migrante no son poco conocidos, atentando contra los derechos humanos de personas cuya meta -de manera general- es encontrar nuevas y mejores condiciones de vida. Las autoridades mexicanas, en su papel de gestores de este fenómeno, tienen la responsabilidad de evaluar y mejorar constantemente y, en su caso, replantear las estrategias y medidas que se toman para proteger las vidas de los migrantes en el país, siendo este caso una prueba más de las profundas fallas que hay en ellas.