Ley de protección para funcionarios pedófilos

Nacional
Imagen: Animal Político/Cladem Jalisco México

Escrito por: Carolina Nava

Luego de que el domingo 26 de julio, policías municipales de Puerto Vallarta encontraran al funcionario público encargado de Recursos Humanos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Luis Alonso “N”, dentro de su automóvil con una menor de edad de 10 años desnuda, se llevó a cabo la primera audiencia para vincularlo a proceso bajo el cargo de tentativa de abuso sexual infantil agravado.

Respecto al caso, se dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal encontraron un vehículo color negro en un cruce de calles en la colonia El Salitrillo, el cual se encontraba estacionado con la puerta del copiloto abierta y un hombre parado a lado de este; cuando los elementos de la policía se aproximaron hacia el vehículo, el hombre trató de ocultar el interior del automóvil pero, a pesar de sus intentos por evitarlo, los policías observaron que dentro se encontraba la menor de edad desnuda.

Al separar a la menor del hombre y conversar con ella, los elementos de la policía se percataron que esta tenía únicamente 10 años de edad, y que además no portaba nada de ropa; momentos después la niña les comentó que el hombre “le había tocado sus partes íntimas”, por lo cual, los agentes procedieron a detener al individuo y trasladarlo a los separos municipales.

El lunes 03 de agosto, se llevó a cabo la primera audiencia en el Juzgado del Centro de Justicia para la Mujer, donde se le vinculó a proceso por el delito de abuso sexual infantil, adjudicándose un plazo de seis meses de prisión preventiva y tres meses más para preparar el juicio.

A pesar de las decisiones, desde este momento comenzaron las fallas en los procesos legales contra dicho funcionario; debido a que el MP Juan Alberto López Amaral pidió que se le imputara por el delito de abuso sexual infantil y también la agravante respectiva por la edad de la menor, comenzaron una serie de contradicciones en la ley, ya que en el Código Penal de Jalisco existen dos artículos que abordan este tema. En el Artículo 142-N, se expresa que la pena incrementará una tercera parte si la víctima tiene menos de 12 años, pero este artículo se enfrenta también con lo que se estipula en el Artículo 142-L que se encarga de regular las penas por el abuso sexual, ya que este tiene una penalidad diferente que depende de la edad de la víctima: sería de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12 años.

Por esta incongruencia encontrada en la ley, el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que la agravante no era aplicable y, en consecuencia, la pena que se le aplicará a Luis Alonso “N” será de un promedio de cinco años. Aunado a esto, el acusado se encuentra en su derecho de pedir la suspensión del proceso, a pesar de que el abogado defensor aún no lo ha solicitado, con lo que podría salir libre bajo ciertas medidas cautelares como lo son el resguardo domiciliario, el compromiso de no acercarse a la víctima, vigilancia o recibir tratamiento psicológico, según determine la ley.

Aún con esto, el viernes 14 de agosto, sucedió lo que sería lo más discutido y polémico -hasta ahora- del caso: el juez Solís Aranda decidió rechazar la vinculación a proceso de Luis Alonso por el delito de corrupción de menores, alegando que la menor “no sintió placer”, y que el acusado ya había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil. El fiscal Gerardo Octavio Solís declaró que no se intentó vincular a proceso por el delito de corrupción de menores desde la primera audiencia ya que para este delito se necesitaba recabar más pruebas.

Una vez dictada la decisión del juez, la Fiscalía de Jalisco decidió que apelaría, ya que se considera que existe una inexacta aplicación de la ley debido a que ambos delitos pueden ser imputados al mismo tiempo sin que exista una interdependencia de los mismos, y que “esta decisión [del juez] violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género”.

Con este caso, podemos ver el claro reflejo de las irregularidades que rigen al sistema legal mexicano, un sistema que es incapaz de asegurar el bienestar de los niños y las niñas que viven en este país y que, aún peor, es incapaz de asegurar que quienes perpetúan crímenes tan desalmados, como lo es la pedofilia, reciban el castigo adecuado.

No resulta una sorpresa que México sea el primer lugar de 37 en casos de abuso infantil, según estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y lo único que podemos preguntarnos es ¿qué sucederá cuando salga uno de estos nuevos casos a la luz? Hoy, en México, corren las lágrimas de miles de niños y niñas que sufren violencia y abuso sexual, al igual que ayer y que el día anterior, y probablemente que el día de mañana… ¿qué les podremos decir a las siguientes generaciones? ¿cómo lograremos que estos errores no se repitan nunca más?

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