La [in]justicia mexicana: El caso Cienfuegos

Nacional
Pie de foto: Imagen: Excélsior

El jueves 18 de octubre, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, por órdenes de la DEA, la Agencia Antidrogas de dicho país.

La noticia fue inmediatamente difundida por el secretario de relaciones exteriores de la actual administración, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter. Casi al mismo tiempo, medios nacionales de ambos países informaron del suceso y, como era de esperarse, la opinión pública no se hizo esperar.

La búsqueda de justicia y el combate a la corrupción y a la impunidad han sido de los temas de conversación más discutidos en el escenario político y social del país, incluso desde antes de que iniciara el sexenio, cuando el presidente López Obrador aún se encontraba en campaña. Parte de los ideales del discurso utilizado por el gobierno se enfocan precisamente en sacar a México de la situación en la que se encuentra en términos de inseguridad y corrupción, pretendiendo reducir ambas problemáticas.

Cienfuegos es acusado de cuatro cargos, tres por conspiración para la distribución internacional e importación de diversas drogas y uno por conspiración para lavado de dinero, de acuerdo con Milenio. La detención del ex funcionario se suma a una lista de mexicanos que han enfrentado procesos con la justicia estadounidense, como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa; el hecho de que Estados Unidos se encuentre implicado en los casos de todos ellos, destacados por su alto rango gubernamental o por su criminalidad, pone en duda la capacidad –o incluso la disposición– del sistema de justicia mexicano para hacerse cargo de carpetas de investigación de esta índole.

Relacionado con este ámbito, desde hace varios meses el presidente ha dado de que hablar en cuanto a un tema muy particular, una Consulta Popular en la que, dependiendo el resultado, se podría proceder penalmente en contra de los cinco ex mandatarios que lo precedieron, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, siendo este un proyecto que se suma a la serie de acciones que la administración de López Obrador ha llevado a cabo con el supuesto fin de seguir combatiendo la injusticia que impera en la escena gubernamental del país, entre las que destaca la extradición del empresario Emilio Lozoya y los avances en el caso de Ayotzinapa pero, ¿es esto suficiente?

Actualmente hay mucha especulación en cuanto al alcance real de las acciones del gobierno y, más aún, el de su discurso esperanzador en materia de lucha contra la corrupción e impunidad, particularmente en el sector público; la consulta, por ejemplo, ha sido objeto de polémica por diversas causas, como su constitucionalidad o el hecho de que su enfoque está orientado exclusivamente a investigar a los ejecutivos de cada gobierno, dejando de lado a otros funcionarios.

Lo cierto es que la situación en México es mucho más profunda y compleja. En la realidad, el país vive una crisis de seguridad desde hace varios años que ha derivado en una creciente insatisfacción con la justicia, justificada por los datos de incidencia delictiva y en el ámbito internacional en el Índice de Impunidad, por ejemplo, en el cual México ocupa el 10° lugar, en el Índice de Percepción de Corrupción, en el cual ocupa el 130° y en el Índice de Paz Global, en el que ocupa la posición 137°, todas pruebas de la ineficiencia del sistema y de la falta de transparencia en muchos procesos penales, lo que cobra importancia nacional al tratarse de los llevados a cabo contra funcionarios públicos, empresarios y/o criminales prominentes, como los mencionados anteriormente.

Aunque las estadísticas concluyan que se ha mejorado en algunos aspectos y aunque las acciones llevadas a cabo por el gobierno de López Obrador se puedan interpretar como un avance, también está el otro lado de la moneda, ya que el malestar en la sociedad es cada vez más evidente y con escándalos como los que involucran al hermano de López Obrador, Pío, y al ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

Uno de los retos de los gobiernos de todo país es precisamente garantizar la seguridad de sus ciudadanos, a nivel preventivo por medio del funcionamiento eficaz de su sistema de seguridad, y a nivel penal por medio del sistema de justicia; no cabe duda de que en México ambas partes necesitan profundas mejoras, tanto funcionales como sistemáticas. La corrupción y la impunidad en el gobierno son dos fenómenos tan antiguos como la existencia del país mismo, y que le cuestan grandes sumas de dinero y una gran cantidad de vidas al país, y parte de la complejidad de su combate recae en que, en muchos casos, no sabemos hasta qué nivel llegan sus efectos, pudiendo estar presente en los más altos cargos públicos.

Es un tema que requiere atención en todos los ámbitos y cuya prueba de su relevancia es la detención de tantos funcionarios y del mismo Cienfuegos, quien seguramente seguirá dando de qué hablar en el futuro y que probablemente también generará una nuevo debate en torno a la creciente participación de las fuerzas militares en ciertos aspectos de la vida pública, situación que, aunque puede traer ventajas, no elimina el riesgo de que se infeste de corrupción o de impunidad, como está ocurriendo con dicho ex secretario y que, sin duda, sería de los peores escenarios… quizá tan grave como para que, luego de varios años y de nuevo, Estados Unidos tenga que ser el que imparta justicia.

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