Justicia para Jonathan Santos

Nacional
Créditos: Imagen de La Verdad

Escrito por: Andrea Tinoco

El pasado 11 de marzo se encontró el cuerpo sin vida de Jonathan Santos en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con las primeras investigaciones, se determinó que la causa de muerte fue un impacto de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía del estado declaró que se está investigando el caso bajo el protocolo de feminicidio y que se consideran tres líneas de investigación, la primera como crimen de odio, la segunda como un crimen pasional y la tercera no descarta la posibilidad de un robo.

Jonathan Santos era un estudiante de 18 años de la Escuela Politécnica “Ing. Matute Remus” de la Universidad de Guadalajara (UdG), además de ser activista de la comunidad LGBTTTIQA+. El Fiscal General de Estado, Gerardo Solís, esclareció en una conferencia de prensa virtual el pasado miércoles 12 de agosto que se investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio “debido a sus preferencias sexuales”:

“Dadas las condiciones y circunstancias propias de los hechos se decidió iniciar con protocolo de feminicidio dadas las preferencias de este joven. Así inició el Área de Feminicidios con los protocolos correspondientes aplicables al caso desde el momento que tuvimos conocimiento”, declaró la Fiscalía. (Indigo Staff, 2020)

El caso ha desatado polémica e indignación alrededor de la comunidad universitaria de Guadalajara, así como de diversos colectivos LGBT+, que solicitan que se investigue con las medidas adecuadas el caso para así darle a Jonathan la justicia que se merece. De esta manera, se ha levantado un fuerte movimiento en redes sociales, siendo Twitter la principal plataforma de denuncia, en la que se usa el hashtag #JusticiaParaJonathan como método para visibilizar su caso y conseguir justicia. Asimismo, la mañana del 13 de agosto, un grupo de alrededor de 200 estudiantes y personal de la UdG se manifestaron de forma pacífica como acto de solidaridad hacia su compañero y, portando prendas y globos blancos, levantaban pancartas que dejaban leer, entre otras, las leyendas de “en México la homofobia mata”, “alto a la homofobia” y, por supuesto, “#JusticiaParaJonathan”.

La organización en pro de los derechos LGBT+ Unión Diversa de Jalisco, se ha alzado para exigir justicia y el esclarecimiento de las líneas a seguir para la investigación de la muerte del joven, pues no concuerdan con las establecidas:

“Exigimos al Fiscal dejar de usar el término ‘crimen pasional’, ya que esta frase además de que justifica la saña con que se comete, oculta las posibles violencias que haya pasado la víctima. Por lo que además es necesario sensibilizar y capacitar a todo el personal de fiscalía y juzgados en estos temas tan vulnerables y rezagados”, indicó la organización. (Torres, 2020)

También, entre las otras críticas a la fiscalía, está el hecho de haber catalogado el asesinato de Jonathan como feminicidio, siendo más aún que Jalisco forma parte de los estados que cuentan con una tipificación de crímenes de odio por orientación sexual dentro de su Código Penal, por lo que el caso debería estar siendo investigado bajo ese supuesto; todo esto deja entrever varias fallas y grietas en el proceso, así como una probable falta de perspectiva, homofobia y/o ignorancia en relación a las legislaciones.

Andrés Treviño, titular de la dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, salió a aclarar el porqué de la aplicación del protocolo de feminicidio al caso, alegando que dicho protocolo es aplicable a otro tipo de crímenes ya que puede servir para orientar la investigación de homicidios relacionados con la orientación sexual o identidad de género, resaltando además que el caso sí se está investigando como crimen de odio. De igual manera, esclareció que en ningún momento se confundió la orientación sexual de Jonathan con su identidad de género.

Sin embargo, el hecho de que se decidiera aplicar este protocolo habla de la falta de uno enfocado en casos específicos de diversidad de género en el estado. Si bien, no existe un protocolo especial de actuación para un crimen de este tipo, es cierto que existe uno a nivel nacional, aprobado en el 2017 y elaborado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en el que participan instituciones de todos los estados.

La realidad alarmante que se vive en México vuelve prácticamente imposible que un homicidio hacia una persona perteneciente a la comunidad LGBT+ proceda con la importancia que le corresponde. Tan solo en 2019 se registraron 117 homicidios violentos de personas pertenecientes a esta comunidad, y la impunidad dentro de estos casos impera debido a que las fiscalías no los consideran como crímenes de odio. En muchas ocasiones, el problema no es que no haya estándares para investigarlos adecuadamente, pues son 12 entidades las que consideran los crímenes de odio como agravantes de otros delitos por diferentes características de la víctima, y además existe el Protocolo de Actuación para el personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género. Más bien es que esos estándares se aplican solo como teoría, pues en la práctica predomina la impunidad, negligencia e ignorancia, tal como se ha dejado ver en el poco avance realizado en el caso de Jonathan, y resultando en que una buena mayoría de crímenes de odio permanezcan ocultos entre las cifras de los homicidios comunes.

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