¿En qué consiste la “Reforma con y para el Poder Judicial”, recién aprobada en el Senado?

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El pasado viernes 27 de noviembre, se avaló en el Senado el proyecto de decreto para reformar el Poder Judicial de la Federación. Entre sus principales ejes se encuentran: La creación de una nueva Escuela Judicial, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la Defensoría Pública, la equidad de género, el cambio al sistema de precedentes judiciales y una transformación sustancial en la organización de este Poder de la Unión.

Imagen: Sindicalista Noticias

Escrito por: Mariana González Correa

La reforma fue avalada en lo general, con 83 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones. En lo particular, se aprobó con 71 votos a favor y 13 en contra. Esta iniciativa busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que expedir la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de modificar el sistema judicial en diferentes dimensiones; desde medidas contra el abuso sexual, el nepotismo y la corrupción, hasta un cambio en su organización y en el sistema jurisprudencial.

La propuesta fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero; en la conferencia matutina del 12 de ese mes. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que “[…] de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia”. En nuestro contexto, donde el 68.4% de la población mayor de 18 años considera que la actuación de las y los jueces es corrupta, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, es fundamental analizar esta propuesta con cautela.

De acuerdo con el Dictamen de la Gaceta del Senado,el objetivo de la reforma es generar un nuevo paradigma en relación con “la modernidad, la cercanía a la gente, independencia y mayor preparación, para continuar con la transformación de la justicia federal en el país”. Para esto, se piensa reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107 de la Constitución.

En primer lugar, se quiere transformar el Instituto de la Judicatura Federal en la Escuela Federal de Formación Judicial. Esto sería por medio de la promulgación de la Ley de Carrera Judicial, para que quienes impartan justicia en el país sean “personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos” , según el ministro Zaldívar. Aunado a lo anterior, se quiere erradicar la inamovilidad de las y los juzgadores, al crear esquemas de evaluación de su desempeño de manera periódica, para su permanencia en la carrera judicial. Dichos esquemas y otros criterios relevantes serán establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En segundo lugar se encuentra el combate a la corrupción y a las prácticas nepotistas en el Poder Judicial. Por un lado, se formula que el CJF pueda establecer medidas cautelares, como el cambio de adscripción y la suspensión temporal, durante las investigaciones relacionadas con corrupción contra jueces y juezas, así como realizar visitas extraordinarias a los tribunales y crear comités de investigación de asuntos de riesgo de corrupción. Por otro lado, se quiere elevar la actual política de adscripciones a nivel de ley, para que el nepotismo sea una causa de responsabilidad administrativa y que los nombramientos derivados de esta práctica queden sin efectos.

 En tercer lugar, se pretende fortalecer la figura de las y los defensores públicos. Según este proyecto de decreto, la Escuela Judicial sería quien capacite a las y los defensores de manera integral y especializada, al igual que se fortalecería el Instituto Federal de la Defensoría Pública al establecerlo como un ente de relevancia constitucional, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios. En palabras de Arturo Zaldívar, “es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos […], que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia”.

En cuarto lugar, se aspira a accionar a favor de la equidad de género. Por una parte, se piensa consolidar el principio de paridad de género en la carrera judicial, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva en este ámbito. Sería conforme la Ley de Carrera Judicial, en donde se dictarían los procedimientos para la integración de los órganos jurisdiccionales tomando en cuenta dicho principio. Por otro lado, se quieren implementar medidas contra el acoso sexual, al establecerse expresamente como una causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y que se acredite con actos de naturaleza sexual sin consentimiento en el entorno laboral, sin necesidad que se actualice el supuesto de “atentar contra la dignidad” de la víctima.

En quinto lugar, se desea cambiar el sistema de jurisprudencia. Las jurisprudencias son precedentes judiciales cuya puesta en marcha es obligatoria en los procesos jurisdiccionales, y se crean a partir de varios métodos, siendo uno de estos la reiteración. En esta, se requieren cinco sentencias resueltas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario y con mayoría calificada. Con la presente propuesta, se quiere que cada una de las sentencias impacten en la vida pública, sin la necesidad de reiteración para su constitución.

 Por último, se pretende cambiar radicalmente diversos aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación. Primero, la iniciativa propone que la Suprema Corte solamente resuelva recursos de amparo en los que se atañen violaciones directas a la Constitución y otros temas relacionados, segundo, una reforma sobre la metamorfosis de los Plenos de Circuito a Plenos Regionales y sus funciones y, tercero, una transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación (más información en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-27-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Reformas_Constitucionales_PJF.pdf ).

Pese a que se podría hablar de que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial de la Federación, este proyecto de decreto ha sido sometido a diversas críticas, tanto de senadoras y senadores de oposición como de personas de la academia y especialistas.

En primera instancia, por mencionar algunas críticas de integrantes del Senado, Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, señaló que así como está planteada, “parece un pago de favores con el fin de asegurar una subordinación entre poderes públicos”, además de que no piensa que se solucionen los temas en materia primordiales de impartición de justicia. A pesar de ello, destacó la incorporación de la paridad de género. Adicionalmente, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, objetó que el proyecto “contiene elementos peligrosos para el futuro del país” y que “secuestra al Poder Judicial”.

En segunda instancia, se pueden destacar varios análisis del proyecto de decreto realizado por especialistas. Uno de ellos es Alberto Abad Suárez Ávila, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que la iniciativa se ha enfocado en ciertos aspectos importantes, pero se ha dejado de lado el impacto a la justicia necesario para la población. Para el experto en Derecho constitucional, “el mayor problema es que es mucho ruido y pocas nueces, hay reformas muy importantes que necesita la justicia mexicana, como fortalecer a los poderes judiciales locales dándole un recurso judicial como el amparo”.

Otra crítica relevante la sustentan Juan Jesús Garza Onofre, investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Saúl López Noriega, profesor e investigador titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. En su artículo, afirman que la propuesta tiene elementos positivos, como la modificación al sistema de precedentes en la jurisprudencia –dado que el actual sistema es “anacrónico e ineficiente”–, el fortalecimiento de la carrera judicial –al crear una nueva ley que regule particularmente estas cuestiones– y el mejoramiento de la defensoría pública –debido a que enfatiza en la labor de las y los litigantes como “agentes primarios en el accionar del sistema”–, por mencionar algunos. No obstante, destacan algunos elementos controversiales, como que las controversias constitucionales estén limitadas a violaciones directas a la Constitución –puesto que nuestro sistema jurídico, en tanto que la distribución de competencias no se fijan en la Constitución, sino en leyes generales, podría generar que las controversias no sean procedentes si se alegan violaciones a dichas leyes, que puede suscitarse una mayor discrecionalidad en el amparo directo en revisión –ya que el “interés excepcional” lleva a la desaparición del recurso de reclamación y a la arbitrariedad de que quien deseche los amparos sea una persona y no el tribunal colegiado–, y la poca claridad sobre la necesidad de crear nuevos tribunales.

Para finalizar, cabe destacar que esta propuesta de reforma constitucional todavía no es una realidad, dado que falta que sea aprobada en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en los congresos estatales de todas las entidades federativas, de acuerdo con el artículo 135 constitucional.