El camino a la exoneración de Salvador Cienfuegos

Nacional

El jueves 14 de enero de 2021 la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. La figura del Secretario de la Defensa Nacional está llena de polémicas, a las que se les sumó la acusación por narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Fuente: BBC/Reuters

Escrito por: Daniela Jocelyn Tovar Hernández

El 15 de octubre de 2020, Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Los Ángeles por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el tráfico de drogas, específicamente con el cártel H-2, entre 2015 y 2017. Se le acusaba de haber establecido contacto con “El Padrino”, miembro de dicho grupo delictivo, para planear el trasiego de fentanilo de México a Estados Unidos y proteger al cártel.

Tras aproximadamente un mes, la Fiscalía de Estados Unidos desestimó los cargos en contra del funcionario de manera incondicionada para que la Fiscalía General de la República (FGR) en México administrara su custodia y el caso. Cienfuegos arribó a México el 18 de noviembre y quedó en libertad durante el proceso de investigación, aunque se le notificó por el Ministerio Público que sería citado para diligencias y se le solicitó información personal para facilitar su localización. El General nunca se declaró culpable de los cargos que se le imputaron.

En diciembre de 2020, se informó que el expediente del acusado se mantendría en estado confidencial por un tiempo indefinido y se apeló al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para proteger los datos personales del mismo, no obstante, el 14 de enero de 2021, la FGR anunció su resolución de no ejercer cargos penales contra el General.

Se afirmó que la investigación arrojó que no existen pruebas de que el acusado tuviera alguna clase de comunicación o un registro de ingresos monetarios ilícitos obtenidos del grupo delictivo H-2, anteriormente conocido como el Cártel de los Beltrán Leyva, a pesar de la acusación reprobatoria del gobierno estadounidense. Además, en su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador secundó, en nombre de la federación, la decisión de la Fiscalía y declaró que la DEA “ “fabricó” las acusaciones en contra del ex secretario”.

Para reafirmar la supuesta transparencia en la investigación, López Obrador ordenó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que hiciera público el expediente del acusado, el cual fue, en un inicio, un envío confidencial de 751 páginas del gobierno de Estados Unidos. Si bien el gobierno mexicano se encuentra dispuesto a recibir pruebas con un mayor valor probatorio que, al juicio de la FGR, recriminen al ex titular de la SEDENA, se asegura que su ataque a la corrupción no implica “represalias ni venganzas”. A pesar de la conclusión de la Fiscalía, el Secretario Ebrard afirmó que la investigación del caso proseguirá, habiendo “otros elementos importantes que se deben investigar”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que se resistirá a reiniciar el proceso judicial mientras el gobierno mexicano no lo haga, afirmando además, el 16 de enero, su “decepción” por la resolución del gobierno mexicano.

La decisión podría tensar las relaciones con Estados Unidos en un periodo de plena transición política, sobretodo en materia de seguridad: “publicar tal información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México”, declaró el vocero del Departamento, reprobando también la decisión de López Obrador de haber promovido una nueva ley de seguridad nacional, la cual limita la intervención de órganos extranjeros en asuntos de competencia del gobierno mexicano.

Del mismo modo, se ha criticado la colaboración ineficaz y unilateral del caso. La FGR acusa a la DEA de dar comienzo a la investigación sin el involucramiento de las autoridades mexicanas. Ebrard aseguró que México tenía derecho a recibir esa información y Estados Unidos tenía la obligación de compartirla, afirmando que este proceso ponía en peligro la estrategia de seguridad del país.

Otras controversias alrededor del caso Cienfuegos también incluyen su participación y respuesta ante sucesos relevantes que ocurrieron durante su gestión, estando entre ellos la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa en 2014 (en la cual se presume la participación activa del Ejército) y la matanza de Tlatlaya en el mismo año, en la que la CNDH señaló la participación extrajudicial del Ejército de 15 de las 22 muertes registradas y siendo el ex Secretario acusado de haber encubierto estos crímenes al no ordenar una investigación ni pena a los involucrados.