Educación como símbolo de libertad: PIN parental en Nuevo León

Nacional
Imagen por Gerd Altmann, de Pixabay.

Escrito por: Vilchis Palacios

El pasado martes, 26 de mayo de 2020, se votó en el congreso estatal de Nuevo León, México, una iniciativa para reformar el artículo 3° de la Constitución del mismo Estado, con objetivo de dar derecho preferente a padres de familia para escoger el tipo de educación de sus hijos, específicamente en el contexto sexual y de género, sin embargo, a pesar de los intentos de reformar esta ley, el dictamen fue rechazado al conseguir solo 20 votos a favor cuando se necesitaban 28.

La reforma denominada “Pin parental” proponía darle autoridad educativa estatal por parte del Estado a padres de familia, cuya forma de participación activa sería el ejercer la patria potestad a fin de impulsar la corresponsabilidad de la educación de sus hijos, es decir, otorgar a los padres, madres o tutores el derecho de restringir la educación sexual reproductiva y de perspectiva de género a sus hijos.

La propuesta presentaba una idea muy controversial debido a la dificultad de definir los elementos éticos y morales que cada individuo puede tener sobre educación sexual, y también desafiaba a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el derecho a la educación sexual reproductiva y de perspectiva de género se presentan como un derecho universal, por lo que dicha iniciativa era acusada de ser inconstitucional.

Con el fin de darle freno a esta iniciativa, diversos grupos y organizaciones feministas, LGBT+, de protección infantil, y muchos otros grupos colectivos y asociaciones civiles se unieron para la movilización ciudadana estudiantil, de legisladores y de autoridades federales, para darle libertad completa a los niños de recibir educación de calidad que pueda contribuir a su desarrollo físico y mental, que de igual manera eliminaría el riesgo de vulnerabilidad a sus derechos como niñas, niños y adolescentes.

La movilización liderada por el Consejo de Colectivos Unidos en Defensa de los Derechos Humanos mostró hincapié en denotar que su movimiento no está basado en cuestiones ideológicas y políticas, así como con patrocinio de algún partido o movimiento político y al contrario, presentaba un discurso en pro de la lucha por la defensa de los derechos humanos, los cuales hemos asumido como nación y que el Estado tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar, como lo indica el texto del artículo 1° de la ley fundamental; los derechos de los niños de igual manera deben ser respetados y protegidos por la misma ley, el objetivo del Estado debe ser el de respetar el interés superior de la niñez y de la adolescencia, todo esto por medio del otorgamiento de una educación libre de prejuicios y dogmas, en la cual puedan desarrollar un pensamiento crítico sobre su cuerpo y su sexualidad.

¿Qué puede asegurar el desarrollo pleno de un individuo durante su periodo de crecimiento? ¿cómo podemos evitar que los niños y niñas caigan en injusticias graves que puedan poner en peligro su desarrollo?

Estas preguntas muchas veces son erróneamente contestadas bajo la sombra de la ignorancia y la falta de reconocimiento de los propios derechos de los niños, los cuales no son derechos secundarios ni complementarios, son derechos humanos; el derecho a la educación, y en especial la educación sexual y reproductiva, son las que destacan por propiciar apropiadamente las condiciones para un desarrollo pleno y para un ambiente justo.

La educación sexual reproductiva, como ya se mencionó, es un derecho reconocido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no solo la recoge como fundamental e inalienable de cada uno de los ciudadanos mexicanos, sino que también implica la obligación que tiene el estado de incluirla en los programas educativos y con perspectiva de género; estos elementos son necesarios para enriquecer el desarrollo infantil, enseñando a los niños a conocer su cuerpo, el respeto entre individuos y, lo más importante, eliminar riesgos que pongan en juego su desarrollo físico y mental, como poder reconocer acosadores y violadores potenciales.

Por lo anteriormente mencionado, es imperativo impartir educación completa a niñas, niños y adolescentes, incluyendo la perspectiva de género y la educación sexual; no podemos restringir la libertad de los niños de recibirla plenamente, y mucho menos podemos detener su desarrollo de esta manera, el PIN parental lo único que logra es restringir la libertad infantil a costa de argumentos meramente político-ideológicos, cuyos discursos promueven la homofobia, la misoginia y la incapacidad de la exploración sexual individual.

A pesar de este logro en pro de la educación y la igualdad de género, la lucha por los mismos como derechos otorgados a individuos de manera universal continúa, puesto que los grupos conservadores a favor del PIN parental no parecen haber concluido con su intención de reformar la Constitución de Nuevo León, sin embargo, el Consejo de Colectivos Unidos en Defensa de los Derechos Humanos, así como los 45 grupos y asociaciones colectivas y civiles presentadas en su comunicado oficial en defensa del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, aún se mantienen activos y unidos para mantener la igualdad, la tolerancia y el respeto en condiciones de género y orientación sexual.

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