Caso Floyd: abuso de las autoridades en México

Nacional
Imagen: Paola Rojas

Escrito por : Abigail Ríos

El brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense ha fungido como catalizador social para reunir a las personas en manifestaciones contra el racismo estructural y la brutalidad policiaca, característicos de un sistema sociopolítico que va mucho más lejos de la limitación fronteriza estadounidense. Ámsterdam, Berlín, Río de Janeiro, París y Toronto son algunas ciudades que se han unido al movimiento Black Lives Matter.

De acuerdo con el Brookings Institution, en Estados Unidos las personas negras tienen 3,5 veces más probabilidad de morir que las personas blancas a manos de la policía, sin atacar y sin tener un arma, no obstante, la brutalidad policial estadounidense no es el único factor en el cual la población negra sufre más que la población blanca; las estadísticas indican que tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza y el séxtuple de probabilidades de ser encarcelados. Estas razones sobran para entender el porqué de las manifestaciones por todo Estados Unidos.

Pero ¿el caso Floyd qué revela del sistema mexicano?

Gracias a la globalización y al uso de las redes sociales para la promoción de la información se ha abierto la conversación en México sobre cómo nos alude lo sucedido tras la muerte de Floyd. Se han visibilizado casos de brutalidad policial en México que previamente no recibieron la misma atención.

El pasado 27 de marzo en la ciudad de Tijuana fue detenido en una gasolinera un hombre en situación de calle, identificado como Oliver López. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informó que la policía llegó al lugar tras presentarse una denuncia de un hombre que lanzaba piedras. El video que se hizo viral muestra a la persona puesta boca abajo y a los agentes policiacos sometiéndola físicamente, uno le pisa el cuello y el otro aplasta su columna vertebral con la rodilla hasta que el hombre muere. Miguel Mora, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California declaró que luego de ver el video se ha iniciado una queja oficiosa usando como prueba el video. El caso se encuentra actualmente en investigación y el gobernador Jaime Bonilla ha asegurado que no habrá impunidad.

El pasado 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, Giovanni López, un albañil de 30 años fue arrestado violentamente al no usar mascarilla mientras transitaba la calle. En el video que se viralizó se le puede observar ser arrestado y sometido por diez policías. Al día siguiente su familia acudió a la policía municipal a buscar a Giovanni López, ahí les informaron que se encontraba en el Hospital Civil de Guadalajara. Posteriormente se les informó que había muerto. La familia ha declarado que el acta de defunción señalaba el fallecimiento a causa de un golpe en la cabeza y cuando pudieron ver el cuerpo se percataron de que tenía un balazo en la pierna. Se ha señalado que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos ofreció 200 mil pesos a la familia para que no revelarán el video del arresto. La Fiscalía jalisciense declaró, que Giovanni López fue arrestado por una supuesta falta administrativa y no por no usar cubrebocas. Al momento, hay tres detenciones relacionadas con la muerte de Giovanni, pero con una investigación en curso.

Tras visibilizarse el caso de Giovanni López de manera nacional e internacional, el pasado jueves 5 de junio, las personas de Guadalajara salieron a las calles a exigir justicia por Giovanni. Esta protesta dejó 26 detenidos, un video viral de un policía siendo incendiado por un hombre encapuchado y tres patrullas quemadas. La protesta fue deslegitimada por distintas autoridades, incluido el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien también criminalizó a Giovanni López.

Abuso policial

De acuerdo con la organización Causa en Común, “los abusos por parte de la policía tienen su origen en una estructura poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder, que se encuentra al servicio de los intereses políticos” (Arango, 2017).  La policía en México ha sido señalada por ser una institución corrupta, abusiva y con el mínimo de capacidad requerida que funciona cercanamente del poder político y le es leal. Debido a esto, con frecuencia, los altos mandos policiacos terminan por ser personas sin experiencia en temas de seguridad pública. La policía mexicana está muy lejos de proteger la vida misma o ayudar en la construcción social capaz de resolver conflictos de manera pacífica.

El abuso de las autoridades obedece a un patrón institucionalmente establecido que saca provecho y ventaja del uso de la violencia y se pone al servicio del beneficio personal o del beneficio de otras autoridades, normalmente superiores. Según datos de Amnistía Internacional, 7 de cada 10 mujeres arrestadas en México son violentadas sexualmente; en el 2018 se reportó que desde el 2012 las denuncias por abuso de autoridad, principalmente por parte de la policía han aumentado hasta en un 89% solo en la Ciudad de México. También, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad 2016, de sus 58 mil reclusos encuestados el 63.8% sufrió violencia física al momento de la detención y el 21% de ellos fue arrestado sin ninguna orden de aprehensión emitida por un juez.

Por último, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, las instituciones con menos confianza son la Policía Municipal, el Ministerio Público, la Policía Ministerial y la Policía Estatal; sumado a todo esto, se encuentra el factor de la corrupción y la percepción de su pésimo desempeño.

México atraviesa por una crisis institucional muy grave y los últimos sucesos son solo una prueba de ello. Si bien el abuso de las autoridades es un factor muy importante, no es el único; los recursos económicos y la clase social condicionan estructuralmente la relación de las personas con las instituciones del Estado favoreciendo la discriminación y las violaciones a derechos humanos de los grupos más vulnerables.

La cotidianeidad mexicana nos obliga a reflexionar y a ejercer nuestro papel ciudadano para manifestar la urgencia que tiene acabar con los atropellos de la autoridad. En México, en Estados Unidos y en el resto del mundo, la sociedad civil debe pugnar por la eficacia de los procesos de detección e investigación de abuso y por desarrollar mecanismos para su prevención. Para una ciudadanía tan harta, un buen punto de arranque para que las instituciones recuperen su legitimidad es abordar las extralimitaciones de las autoridades.

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