AMLO presenta una iniciativa contra el “outsourcing”

Nacional

El jueves 12 de noviembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa presentada en el Palacio Nacional para limitar el outsourcing en el país. La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, confirmó el recibimiento de la propuesta en dicha Cámara. Además, se ha turnado a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y Vivienda para que sea deliberada en los próximos días.

Imagen por Mohamed Hassan, de Pixabay

Escrito por Daniela Jocelyn Tovar Hernández

Esta iniciativa, de ser aprobada, tendría efectos en las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo a las declaraciones del mandatario, el outsourcing o subcontratación laboral ha sido un factor importante para empresarios que buscan evadir impuestos (defraudación fiscal) y limitar los derechos laborales de sus empleados. Con lo que el presidente define como “outsourcing ilegal”, muchas empresas retienen el ISR y no lo entregan al fisco correspondiente o lo registran con un sueldo menor para no pagar todo lo que les concierne. De igual manera, puede implicar que estas empresas no cumplan completamente con las liquidaciones o indemnizaciones ante despidos. Este acto puede significar efectos negativos en el historial para la pensión, fondo de vivienda y licencias de maternidad, incapacidades y accidentes de los trabajadores.

Por otro lado, se genera simulación en la relación laboral, lo que implica inestabilidad laboral, vuelve ineficiente el reparto de utilidades, e impide la negociación libre de los trabajadores y negociación colectiva. Además, no permite que se genere antigüedad, dado que se suelen ejercer despidos masivos al final de cada año. Igualmente, se genera competencia desleal entre empresas dado que se abarata el costo de la mano de obra. En otro ámbito, la hacienda pública también se ve afectada por la evasión de impuestos y defraudación fiscal, pues limita los recursos para hacer eficientes servicios públicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el INFONAVIT.

En cuanto a lo que se propone en la iniciativa, en primer lugar, esta reforma implicaría la prohibición de la subcontratación de personal, es decir, que una persona física o moral proporcione trabajadores propios a provecho de otra. Por otro lado, se permitirá únicamente la prestación de servicios especializados o realización de obras especializadas que no sean parte del objeto social o actividad económica de la empresa beneficiaria de estos. Además, aquellas empresas que invoquen estas prestaciones con contratistas que incumplan sus obligaciones con los trabajadores, se verán obligadas a responsabilizarse de manera solidaria de los trabajadores implicados. 

Las empresas que presten estos servicios deben ser previamente autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de que este permiso debe renovarse en un plazo de 3 años, el cual quedará inscrito en un padrón público. Por otro lado, las agencias de colocación son permitidas, sin embargo, estas sólo tienen consentido participar en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, etc.) sin considerarse como patrones.

Si sí existe una violación a esta disposición, implicaría una multa de entre 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en valores del presente año implica montos desde 173 mil 760 hasta 4 millones 344 mil pesos.  Los pagos por outsourcing no implicarán consecuencias fiscales de deducción o acreditamiento, además de que cualquier anomalía será procesado como un delito de defraudación fiscal.

De ser aprobada, esta reforma se volvería vigente a partir del 1 de enero de 2021, después de que la STPS estableciera un conjunto de reglas. A partir de la publicación de estas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrían un periodo de seis meses para obtener su autorización ante este mismo órgano.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *