Zimbabue: presuntos ataques contra la libertad de expresión en tiempos de pandemia

Mundo

Escrito por: Mariana González Correa

Autoridades judiciales de Zimbabue detuvieron a un periodista debido a que este, presuntamente, exhortó a la población civil a manifestarse en contra el gobierno a finales del mes de julio del presente año.  Esta acción ha sido reprobada a nivel internacional y acusada de atentar en contra de la libertad de expresión.

El 20 de julio del presente año, el periodista internacionalmente reconocido, Hopewell Chin’ono, fue detenido en Harare por, supuestamente, “incitar a participar en una manifestación, con la intención de promover la violencia pública, las violaciones de la paz y la intolerancia”. Esto debido a que, según las autoridades judiciales zimbabuenses, usó sus redes sociales para llamar a la población a asistir a una marcha en contra del gobierno el 31 de julio, cuando las movilizaciones están prohibidas por la pandemia del COVID-19. Su detención, aunado a que se le fue negada la libertad bajo fianza, ha disparado las acusaciones hacia el gobierno de Zimbabue por el uso de la justicia penal en contra de la libertad de expresión.

Chin’ono publicó recientemente unos documentos donde se señala a varias personas poderosas, en Zimbabue, como beneficiarios de acuerdos multimillonarios por suministros esenciales para combatir la pandemia. Gracias a su investigación, a inicios de julio se arrestó y despidió al ministro de Sanidad,  Obadiah Moyo, quien fue acusado por abuso de su cargo, al adjudicar, supuestamente, un contrato de 60 millones de dólares a Drax International LLC. De acuerdo con las autoridades, esta empresa, presuntamente, vendió los suministros a precios inflados. Por lo tanto, la detención del periodista ha desatado especulaciones de ser un atentado contra la libertad de expresión, especialmente por la implicación de familiares del presidente Emmerson Mnangagwa en su investigación periodística.

Cabe destacar que, en el contexto de una situación económica deteriorada, donde  millones de habitantes se enfrentan a una grave escasez de alimentos básicos, por la inflación, y la innegable crisis de salubridad por el aumento de los casos de COVID-19, la represión y la violencia se han acentuado en Zimbabue. Un ejemplo de esto es que en mayo, del presente año,  se encontraron a tres activistas, líderes del partido de oposición, Movimiento por el Cambio Democrático, gravemente heridas y traumatizadas en una carretera a más de 96 km de Harare, después de ser arrestadas en una protesta contra el gobierno unos días antes. Cecilia Chimbiri, Netsai Marova y Joana Mamombe denunciaron ser torturadas, humilladas, agredidas sexualmente y hasta obligadas a beber su propia orina, luego de ser detenidas por agentes del servicio de seguridad del Estado. La respuesta del gobierno fue afirmar que fue un montaje para desacreditar su actuación y, actualmente, las activistas se encuentran en prisión, esperando su juicio por, supuestamente, mentir sobre dichas agresiones y formar parte de manifestaciones durante la crisis sanitaria. 

Ante todos estos sucesos, Zimbabue ha recibido muchas críticas de la comunidad internacional. Por un lado, Amnistía Internacional afirmó que los arrestos estaban diseñados para intimidar y mandar un mensaje estremecedor a periodistas y activistas de no entrometerse en asuntos de interés público. En adición, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación sobre el gobierno zimbabuense, supuestamente, usando la pandemia como un pretexto para limitar las libertades de la ciudadanía, con énfasis en el derecho a la libertad de expresión.

Por otro lado, varias embajadas en Zimbabue han desaprobado lo acontecido. Una de estas fue la de la Unión Europea, quien llamó a las autoridades a liberar a Chin’ono de manera inmediata, además de que afirmó que “el periodismo no es un crimen, sino un pilar crucial para cualquier sociedad democrática y para la lucha contra la corrupción”. En este mismo sentido, la embajada británica urgió a las autoridades a adherirse al Estado de derecho y proteger la libertad de prensa y de expresión, mientras que la embajada holandesa describió estos arrestos como “parte de una tendencia contra la libertad de expresión” en el país.

Por último, la embajada de Estados Unidos estableció que “la intimidación política de la prensa no tiene cabida en las democracias”, generando todavía más presión en la tensa relación con Zimbabue, pues el gobierno ha acusado en el pasado al embajador Brian Nichols de ser patrocinador de Hopewell Chin’ono. Tras esta declaración, Patrick Chinamasa, el portavoz del partido gobernante de Zimbabue, Zanu-PF, culpó al embajador de fomentar disturbios antes de las manifestaciones e incluso lo amenazó de ser expulsado del país.  

Si bien Monica Musvangwa, ministra de Información de Zimbabue, declaró que Chin’ono no fue detenido por exponer la corrupción, sino por incitar a la violencia, lo que es un hecho es que la comunidad internacional está alerta de la situación en Zimbabue en materia de libertad de expresión. Además, es menester mencionar que Mutsvangwa ha asegurado en reiteradas ocasiones que hay fuerzas en Zimbabue, y en algunos de los poderes occidentales, que buscan derrocar al gobierno, declaraciones que, para medios como The Guardian, se asemejan al discurso utilizado durante el mandato de Robert Mugabe, ex gobernante dictatorial derrocado en una toma militar en 2017.

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