Yemen: La crisis migratoria en llamas

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Mujer somalí en Yemen
Fuente: Noticias ONU/OIM

El pasado 20 de marzo, las fuerzas rebeldes hutíes aceptaron causar un incendio en un centro de detención migratorio en Yemen.

Escrito por: Mariana González Correa

El sábado 20 de marzo las fuerzas rebeldes hutíes de Yemen reconocieron su responsabilidad en el inicio de un incendio en un centro de detención de migrantes en la capital, Saná, el pasado 7 de marzo. Por medio de un comunicado del Ministerio del Interior hutí, se dio a conocer que tres guardias dispararon gas lacrimógeno contra un hangar abarrotado, con el objetivo de disipar una protesta de migrantes. Dado que, supuestamente, se actuó sin autorización, el grupo rebelde, mejor conocido como Ansar Allah, notificó que al menos 11 miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos y serán juzgados en las instancias judiciales.

Este suceso se convierte en el último incidente en agravio de las personas migrantes que pasan por este país, poniendo sobre la mesa su situación de vulnerabilidad en el contexto de la guerra civil en Yemen, que se ha visto agravada durante la pandemia por la COVID-19.

En la capital yemení –dominada por las fuerzas rebeldes desde 2014–, el 7 de marzo se detectó el incendio que llevó a la muerte de 45 personas, en su mayoría migrantes etíopes. En ese momento, se desconocía la causa y solamente se sabía de ocho muertes y 170 personas heridas tras el siniestro, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Antes de aceptar su responsabilidad, el Ministerio del Interior de Ansar Allah declaró que atribuía plenamente el suceso a la OIM y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por presuntamente “no haber cumplido su función de proporcionar refugios […] para reunir y alojar a inmigrantes ilegales”.

Empero, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad de Ansar Allah lanzaron proyectiles no identificados en el centro de detención, en respuesta a manifestaciones de las personas detenidas, derivadas de los presuntos abusos y malos tratos en su interior. Ante esto, la ONU, por medio del Enviado Especial de la Secretaría General para Yemen, condenó el incendio, por ser una muestra del dramático deterioro del país. En adición, pidió una investigación independiente sobre sus orígenes. Esto debido a que, en palabras del Enviado Especial, Martin Griffiths: “Todas las personas en Yemen, sin importar su nacionalidad, merecen protección y seguridad”.

Sin embargo, desde el inicio del conflicto armado en 2014, las personas migrantes que han transitado Yemen, con el objetivo de llegar al Golfo Pérsico y buscar mejores oportunidades económicas, se han visto envueltas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Según la ONU, la Ruta Oriental es la más transitada en el mundo, y el 92% de las personas migrantes que pasan por ella vienen de Etiopía. Debido a múltiples factores, como el desempleo, la sequía y los abusos contra los derechos humanos en su país de origen, miles de etíopes han decidido migrar, con el fin de llegar a Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, por la disponibilidad de empleo y las oportunidades económicas. 

Con este objetivo en mente, las personas migrantes atraviesan los desiertos del Cuerno de África, para después cruzar el Golfo de Adén, donde deben abordar botes que se llenan tanto que las personas pasajeras pueden morir asfixiadas. El trayecto no está exento de peligros, especialmente por la inminente interacción con lxs traficantes. De acuerdo con Mohammed Abdiker –director regional para el Este y el Cuerno de África de la OIM–, es casi imposible recorrer esta ruta sin contar con una persona traficante, por el riesgo de ir en solitario. Sin embargo, lxs migrantes sufren malos tratos por parte de lxs traficantes, tales como extorsiones, secuestros para obtener rescates, trabajos forzados e incluso la muerte.

Asimismo, las circunstancias del conflicto armado de casi siete años han repercutido. La guerra civil yemení ha generado una de las crisis humanitarias más grandes de la historia, dado que se estima que ha provocado 233 mil muertes, por causas directas e indirectas, y que 20.7 millones de personas requieren de asistencia humanitaria. En este contexto, las personas migrantes usualmente quedan atrapadas en la violencia, al sufrir lesiones e inclusive perder la vida por los bombardeos, según Abdiker.

¿Cómo se ha agravado la situación en la pandemia?

A raíz de la crisis sanitaria global por COVID-19, la situación se ha deteriorado. Pese a que en 2020 disminuyó la cifra de migrantes en comparación con 2019 –pasando de 138 mil a 37 mil 500–, las condiciones a las que debían enfrentarse se agudizaron, de acuerdo con la OIM. En julio del año pasado, dicha organización documentó que al menos 14 mil 500 personas migrantes provenientes de Etiopía estaban varadas en Yemen por las restricciones de la contingencia sanitaria, como el bloqueo de las rutas migratorias y restricciones de movimiento. Aunado a lo anterior, la OIM hizo énfasis en que el miedo a la propagación del virus les hace más vulnerables a la exclusión y a la violencia.

Bajo este tenor, desde el inicio de la pandemia, al menos 9 mil personas migrantes decidieron retornar al Cuerno de África, según la agencia de la ONU. Así como el trayecto de ida es peligroso, el de regreso igualmente tiene sus riesgos, pues han tenido que confiar en lxs traficantes, al tener que regresar a bordo de embarcaciones en el Golfo de Adén. A principios de este mes, la OIM advirtió que 20 migrantes perdieron sus vidas en este tipo de expediciones.

En este entorno de violencia para las personas migrantes de tránsito en Yemen, se sitúa el incendio del pasado 7 de marzo. De acuerdo con Mwatana for Human Rights, aproximadamente 900 personas migrantes se encontraban detenidas en el centro, incluyendo a más de 350 en el hangar. Según migrantes entrevistadxs por HRW, decidieron manifestarse mediante una huelga de hambre, puesto que no había suficiente agua potable, la comida era limitada y eran constantes los maltratos de las fuerzas de seguridad hutíes, quienes les abusaban y les extorsionaban continuamente desde febrero de 2021, al obligarles a pagar una tarifa de 70 mil riales yemeníes (más de 58 mil pesos mexicanos) para ser liberadas.

Desde el incendio, las agresiones contra lxs migrantes no han cesado. En primer lugar, el grupo Ansar Allah ha aumentado la seguridad en los hospitales donde se tratan a las personas heridas por el incendio, impidiendo que sus familiares y la ayuda humanitaria puedan visitarles. En segunda instancia, se ha obstruido el acceso a más heridxs y se ha tratado de evitar la difusión de la información relacionada con el incendio y las víctimas.

Según HRW, después del incidente, se vio a decenas de personas migrantes que fueron llevadas en autobuses a lugares no revelados. De acuerdo con personas afectadas y testigos entrevistadxs por la organización, probablemente fueron transferidas al sur de Yemen, donde se encuentra el gobierno yemení reconocido internacionalmente. A pesar de que esta información no ha sido confirmada, es una práctica llevada a cabo desde inicios de la crisis sanitaria por las fuerzas hutíes. En este sentido, en 2020, más de 15 mil personas migrantes fueron trasladadas por la fuerza del norte al sur del país.

Derivado de este incidente, se vislumbra que la crisis humanitaria en Yemen va más allá de la inseguridad alimentaria y las muertes de civiles yemeníes. En cambio, trasciende hasta las condiciones deplorables a las que se enfrentan las personas migrantes de países africanos para llegar al Golfo Pérsico, desde antes de la pandemia y hasta el día de hoy. En el actual entorno de la guerra civil de Yemen, donde las fuerzas rebeldes hutíes recientemente han rechazado las propuestas de un alto al fuego de Arabia Saudita y de Estados Unidos en conjunción con la ONU, no se le puede restar importancia a los derechos humanos y las vidas de las personas migrantes de tránsito que se ven afectadas por el conflicto.