Nicaragua y su tridente legislativo

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Nicaragua se encuentra en un proceso legislativo en el cual ya han sido aprobadas dos leyes, mismas que de acuerdo con los ciudadanos nicaragüenses, prohíben la libertad de expresión a todos aquellos que se oponen al gobierno de Daniel Ortega.

Congreso de Nicaragua, en Managua. Los legisladores nicaragüenses debaten acerca de la Ley Especial de Ciberdelitos, o también conocida como “Ley Mordaza” el 27 de octubre del 2020. Fuente: La Nación

Escrito por: Naomi Fuentes Paz y Puente

Desde el mes de septiembre del presente año, Nicaragua ha estado sujeta a cambios legislativos que traen consigo tres nuevas leyes, las cuales, según los grupos opositores del actual gobierno de Daniel Ortega, representan un ataque a la libertad de expresión y a los derechos humanos y de los ciudadanos nicaragüenses. 

La primera ley en ser aprobada fue la Ley de Agentes Extranjeros, la cual ha bloqueado toda financiación, donación o intervención por parte de organismos internacionales a la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales. Además, ha prohibido el financiamiento a cualquier organización, partido, coalición o grupo que imparta actividades políticas dentro del país. Esta Ley también establece que personas naturales o de carácter jurídico que actúen como extranjeros, ya sean nicaragüenses o de una diferente nacionalidad, no podrán intervenir en cuestiones y actividades que involucren a la política interna de Nicaragua, so pena de sanciones legales.

Por otro lado, la segunda ley fue aprobada el pasado martes 27 de octubre en el Parlamento de Nicaragua, llamada Ley Especial de Ciberdelitos. Esta ley impone sentencias hasta de diez años de prisión a todo aquel que cometa ciberdelitos, como el hackeo, robo de información, robo de identidad y difusión de información o noticias falsas. Muchos nicaragüenses han llamado a esta norma como la “Ley Mordaza”, argumentando que esta limita la libertad de expresión de los ciudadanos y periodistas, sobre todo para aquel que quiera expresar críticas, oposición y denunciar las violaciones de derechos humanos que son llevadas a cabo por el gobierno de Daniel Ortega.

Una de las declaraciones que más causaron controversia fue el hecho de que el propio gobierno será quien evaluará y determinará cuando se haya hecho pública alguna noticia falsa, ya sea que esta haya sido publicada por un medio de comunicación o por los mismos ciudadanos. El artículo 30º de la normativa señala que, “quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa”.

Esta norma, adicional a la pena establecida en el artículo 30º, también ha declarado que todo individuo u organismo que publique información sobre el gobierno podrá enfrentar una pena de cinco a nueve años.

La Asamblea Nacional desmiente que estas leyes hayan sido propuestas y aprobadas para oprimir a la gente, pues aseguran que sus objetivos son proteger a la ciudadanía, salvaguardar la seguridad soberana y mantener el orden público. Aún se encuentra pendiente la aprobación de la ley que busca sentenciar con cadena perpetua a todo individuo o grupo que incite los crímenes de odio.

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