Enfrentamientos postelectorales: República Centroafricana inmersa en una crisis de violencia

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Tras la reelección de Faustin-Archange Touadéra como presidente de la República Centroafricana, grupos armados en Bangui, capital del país, intentaron tomar el control estatal para derrocar la administración del presidente electo.

Ciudadanos desplazados y refugiados de la República Centroafricana en Enero de 2020.
Fuente: ACNUR

Escrito por: Karen Maldonado

Las acusaciones sobre el intento de la toma del control estatal por grupos armados se basan en declaraciones que señalan a los comicios locales del pasado 27 de diciembre del 2020 como fuente del conflicto, ya que, acorde a varios candidatos de la República, una gran parte del electorado no pudo votar, por lo que la reelección del actual mandatario sería el resultado de un proceso electoral injusto.

Como consecuencia de ello, y debido al aumento de la violencia dentro del país, decenas de miles de personas han sido desplazadas y piden refugio en estados vecinos. De acuerdo con la Organicación de las Naciones Unidas (ONU), 200,000 personas fueron desplazadas en un tiempo menor a dos meses.

Previo a los comicios celebrados el pasado diciembre del 2020, los enfrentamientos entre el gobierno liderado por Faustin-Archange Touadéra y los grupos rebeldes, desencadenaron una ola de violencia y una crisis en Bangui. A pesar de lo sucedido, se continuó con el proceso electoral de manera ordinaria.

Presuntamente detrás de la subversión se encontraría al expresidente, François Bozizé, quien hubiese regresado hace un año a la República Centroafricana después de haber sido exiliado. Este supuesto es respaldado por el actual gobierno de la República, debido a que se cree que Bozizé ha actuado como líder de múltiples grupos armados que han intentado, en repetidas ocasiones, lograr con éxito un golpe de estado.

Asimismo, consideran que el motivo de la supuesta actitud del expresidente es el haberle prohibido su asistencia a las elecciones de 2020. Sin embargo, Bozizé ha negado las imputaciones y su involucramiento con cualquier tipo de ofensiva, incluyendo la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) con quienes se le ha vinculado en distintas oportunidades.

Ahora bien, las acusaciones al CPC, así como al exmandatario, se justifican en la obstrucción de la campaña electoral de diciembre del año pasado. Yao Agbetse, experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, ha declarado que esta alianza rebelde hubiese actuado de forma ilegítima al impedir la movilización de votantes, material proselitista y daño. De igual manera, Agbetse cuestionó a la CPC por el uso de niños, y su reclutamiento, y refirió esta acción como un delito violatorio del derecho internacional y un detonante de la migración de civiles que huyeron a bosques o a países colindantes que les refugiaran.

“Lamento que miles de centroafricanos no hayan podido ejercer su derecho al voto y que muchos hayan sido víctimas de torturas o malos tratos y amenazas de muerte por ejercer ese derecho en la primera vuelta de las elecciones el 27 de diciembre de 2020”, señaló Agbetse.

Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pidió el 8 de enero del año en curso, y posteriormente el 15 de enero, detener con inmediatez todo acto subversivo y de violencia en la República Centroafricana. Informó que la mayoría de las personas que lograron salir del país están actualmente concentradas en la República Democrática del Congo, habiendo tenido que cruzar el río Ubangui, lo que representa un riesgo para los refugiados y por lo que es importante que cesen las confrontaciones.

Acorde a la Comisión de Movimientos de Población, alrededor de 58,000 personas continúan desplazadas dentro del país y un estimado de 9000 más han encontrado refugio, no solo en la República Democrática del Congo, sino también en Chad y en Camerún durante el mes de enero. ACNUR hizo un llamado a ambos actores en disputa para que reconsideren el diálogo y retomen vínculos de resolución pacífica que evite lo acontecido, además de otras denuncias recién recabadas sobre ataques a votantes, saqueos y abuso sexual. Es importante mencionar que ACNUR previamente había lanzado un llamamiento humanitario por 151, 5 millones de dólares (3 billones de pesos mexicanos) como respuesta a la situación actual en la República.

“Las necesidades de los centroafricanos desplazados recientemente van en aumento y pronto nos enfrentaremos a un déficit de financiación considerable”. ACNUR

Por otro lado, Boris Cheshirkov, portavoz de la Agencia, instó al entendimiento genérico la importancia de atender la crisis de violencia actual, ya que representa un grave riesgo para las personas desplazadas el aumento delictivo al haber oportunidad para los grupos armados de continuar reclutando, extorsionando, limitando y restringiendo, los derechos de los civiles implicados.