El caos del día sin IVA: Colombia

Mundo

Escrito por: Daniela Jocelyn Tovar Hernández

El pasado 19 de junio se llevó a cabo el primero de los tres “días sin IVA” establecidos por el gobierno colombiano de Iván Duque como estrategia para reactivar el flujo económico, a razón del bloqueo comercial que representa el confinamiento mundial por el COVID-19. La disminución sustancial de los precios de bienes, aunada con la ampliación de los horarios de apertura de varios establecimientos ocasionó que miles de personas se aglomeraran en estos, a pesar del alto riesgo de contagio de la pandemia.

De acuerdo con un informe del Departamento Nacional de Estadísticas, la economía de Colombia decayó en un 20.6% en el mes de abril. Este cambio drástico orilló a las autoridades gubernamentales a explorar medidas para reimpulsarla y evitar, o aminorar, una crisis. A raíz de esto, se decidió reducir el 19% de los precios de los productos del país, lo cual representa el impuesto al valor agregado (IVA), durante tres días: el 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio de este año. A lo largo de los tres días establecidos, los descuentos les serán adjudicados a, aproximadamente, 100 de los bienes nacionales (textiles, electrodomésticos, productos deportivos, de telefonía, etc.) con un valor neto de aproximadamente 2.8 millones de pesos colombianos

Esta disposición provocó que miles de personas se concentraran desde el inicio de la madrugada en diversos comercios, e incluso sobrepasando el límite de capacidad del 35%, a pesar de las recomendaciones de sana distancia por el COVID-19. Además, muchas de las personas que formaban las largas filas en el exterior de los almacenes no usaban cubrebocas. Según un reporte del Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, tan solo durante las primeras doce horas del día, 80 mil personas se aglomeraron en 34 puntos de venta. Asimismo, afirmó que las ventas aumentaron cinco veces de lo que venderían durante un día en la pandemia y un 30% más de lo que venderían en un día normal.  

Estos “descuentos” no se restringieron a las ventas presenciales, también los sitios web de grandes empresas los aplicaron, sin embargo, se presentaron complicaciones como el colapso de sitios web comerciales debido a la alta circulación de clientes en los mismos. Por otro lado, algunos comercios que trabajan con ambas modalidades suspendieron el funcionamiento de sus sitios web, cuestión que los volvió objeto de crítica por parte de aquellas personas que optaron por no abandonar sus viviendas y continuar con el cumplimiento de las medidas sanitarias.  

Al cabo de unas horas, la población colombiana comenzó a compartir, a través de distintas redes sociales, imágenes y publicaciones del volumen de las aglomeraciones en los comercios. Esto se hizo en señal de disgusto, ya que se considera que esta medida gubernamental resulta muy peligrosa e irresponsable dado el alto riesgo de contagio de COVID-19 y la inexistencia de un tratamiento o vacuna que lo combata. De hecho, un día antes, el día jueves 18, se presentó un récord del número de casos y muertes en el país (3 mil 171 casos y 86 fallecimientos). Esta reprobación también se reprodujo dentro del mismo sector gubernamental, sobre todo por parte del Ministerio de Salud, el cual sugirió que la población se inclinara a mantenerse dentro de sus casas y no se pusiera en riesgo acudiendo a los puntos de venta.  

Es comprensible que muchas personas no tienen la posibilidad de adquirir ciertos productos en la regularidad y aprovechan esta clase de deducciones para hacerlo, sin embargo, los gobiernos, como en este caso el de Colombia, ejercen medidas insuficientes que solo vulneran el bienestar de sus ciudadanos y preponderan la riqueza económica. De hecho, es probable que la medida tomada por dicho país norepresente mejoras trascendentes, y si es así, se habrá puesto en riesgo la salud de las personas sin ningún resultado favorable. Igualmente, analizándolo desde el punto de vista económico, el perjudicar la vitalidad de las personas representará mayores gastos para el sector de salud a largo plazo. Es claro que el sistema actual es poco humanitario, situación que sugiere que es necesario que, ante todo, las autoridades de los países protejan a sus habitantes de forma primordial y ulteriormente, al dinero.

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